EL ABORTO, LA INICIATIVA Y PUNTO FINAL.

“La cantidad de rumores inútiles que un hombre puede

soportar es inversamente proporcional a su inteligencia”.
Arthur Schopenhauer

Desde hace un par de semanas el controvertido tema del aborto se ha mantenido en los titulares de la agenda nacional, el motivo: la iniciativa para que esta práctica sea despenalizada en el Distrito Federal. Miles de páginas se han escrito al respecto, horas y horas en medios audiovisuales se han ocupado del asunto y así podrían seguir años sin que se llegue a un consenso.

El asunto ha vuelto a enfrentar a absolutos, absolutistas y a todos aquellos que opinen ya sea a favor o en contra. Como siempre en medio del choque de absolutos también existen mesuradas voces que sin renunciar a su postura respetan las ajenas, como el caso de Leonardo de León Sánchez párroco del templo de la Inmaculada Concepción de esta ciudad.

Un tema tan delicado y con tantas implicaciones nunca podrá ser contemplado, ni comentado en todos sus frentes, ni siquiera resumido, y mucho menos si se observa desde una óptica absoluta, descalificado per se a las posiciones opuestas.

En realidad lo que la iniciativa discute no es si el aborto es bueno o malo, si se esta a favor o en contra, si es moral o no, se discute si debe seguir penado por ley o no, o bajo que circunstancias.

ANTECEDENTES
El pasado diecisiete de marzo la Comisión de Procuración de Justicia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) concluyó la redacción de un proyecto de dictamen sobre las reformas al Código Penal en materia de aborto, el cual contempla la interrupción del embarazo "cuando a juicio y a solicitud de la mujer, de no provocarse el aborto durante las primeras doce semanas de gestación, se afecte su proyecto de vida y su desarrollo integral".

El documento presentado por legisladores priístas y apoyado por la bancada del PRD y Alternativa, contempla la interrupción del embarazo cuando a juicio y a solicitud de la mujer, de no provocarse el aborto durante las primeras doce semanas de gestación, se afecte su proyecto de vida y su desarrollo integral, pero se aclara que después de esas doce semanas la mujer que se practique un aborto sí incurrirá en un delito; en él se anuncian sanciones con una pena de tres a seis meses de prisión o de cien a trescientos días de trabajo en favor de la comunidad.

El documento establece una definición jurídica del embarazo, entendido a partir del momento en que se completa la implantación del huevo fertilizado en el revestimiento del útero, concepto sustentado por la Organización Mundial de la Salud y por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.

Además el proyecto destaca el fortalecimiento de los servicios de salud reproductiva, lo que disminuirá el número de embarazos no deseados, y consecuentemente de abortos en situaciones de riesgo.

La iniciativa también establece que la interrupción del embarazo sólo podrán realizarla prestadores de servicios de salud. Este proyecto de dictamen también considera reformas a la Ley de Salud del Distrito Federal, las cuales detallan responsabilidades que deben seguir los doctores previo a realizar el aborto, como informar a la mujer de manera oportuna y veraz sobre todas las alternativas existentes además de la interrupción legal del embarazo, así como las consecuencias de esta práctica en su salud.

Para redondear las opciones la propuesta establece que los médicos deberán informar a la mujer de las posibilidades de adopción, de los programas de apoyo económico y de salud y de la ayuda profesional que tiene derecho a recibir después de la intervención médica.

La iniciativa es muy completa y no se limita a que la mujer que quiera aborte y ya, no, se trata que una vez que agotadas todas las instancias, alternativas y opciones la mujer que por razones de salud, económicas o sociales decida o deba abortar lo haga en clínica u hospital legal, con el personal y herramientas adecuadas y bajo estrictas normas de higiene y no en una clinicucha de cuarta, con una partera o siguiendo consejos y recetas de amistades como actualmente lo hacen la mayoría de las doscientas mil mujeres que anualmente abortan en este país.

ESTADO, IGLESIA Y LEGALIDAD.
Buena parte de la polémica ha surgido por las criticas a la iniciativa de algunos asambleístas y representantes religiosos, los cuales fincan su oposición en principios religiosos y morales, algo completamente valido y respetable pero de poco peso legal para las políticas publicas de un Estado laico como el nuestro.

Las iglesias pueden y deben guiar a sus adeptos, feligreses o simpatizantes, es una de sus principales tareas, pero no pueden ni deben intentar imponer criterios a todos los ciudadanos, recordemos que en México la mayoría de los habitantes son católicos, pero no todos, hay un importante y elevado numero de personas que son ateos, profesan otra religión o que incluso, son creyentes pero están a favor de la iniciativa.

Una iglesia puede y debe sancionar a sus adeptos o hasta “darse el lujo de excluir” a ciertas personas, o de seleccionar a quien acepta y a quien no, pero un Estado laico no, no puede ni debe seleccionar a sus ciudadanos, el gobierno debe gobernar y legislar para todos sus ciudadanos, católicos, ateos, budistas, homosexuales, pro aborto, anti aborto, drogadictos, narcos, en fin, para todos, sin excepción.

IMPLICACIONES PERSONALES.
Algo en que los que están a favor y en contra de la iniciativa coinciden es que ninguna mujer disfruta el aborto, para ninguna mujer el aborto es una práctica agradable. Toda irrupción de un embarazo ya sea física, química, inducida o natural es una agresión contra la salud de la mujer.

El que una mujer este a favor de la despenalización del aborto no la hace inmune al dolor físico o de conciencia que le precede a esta practica, es por eso que ahora resulta injusto, machista y absurdo que además del dolor físico y emocional que sufre una mujer por un aborto, la ley la castigue por haberlo realizado, además que solo se le castiga a ella, no se toma en cuenta a los autores intelectuales, es decir no se castiga a la familia o a la pareja que obligó o influyó en la irrupción del embarazo.

CONCLUSIONES.
Que un órgano legislativo discuta y, eventualmente, apruebe despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras semanas de la gestación no puede sino considerarse legítimo: para eso están los parlamentos, para aprobar y modificar las normas que regulan los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. En una sociedad democrática y laica, ¿por qué debería de haber temas que los órganos legislativos no puedan discutir?, ¿por qué alguien —un grupo, chico o grande, con buenas o malas razones— podría vetar discusiones o decisiones de los Congresos? En todo caso, si los parlamentos se equivocan, el propio Estado democrático de derecho tiene previstas las vías para interponer ante el Poder Judicial distintas acciones para evitar que los principios constitucionales o derechos fundamentales de las personas se vean afectados por decisiones de las mayorías.

La reforma en discusión es una propuesta moderada, en donde la vida en gestación sigue recibiendo la protección de la ley penal, al tiempo que se garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer.

Con la aprobación o no de la iniciativa para despenalizar el aborto se seguirán realizando irrupciones del embarazo en México, como se hacen actualmente, en la ilegalidad, en la clandestinidad en la inseguridad y mala atención.

El que se apruebe la iniciativa no significa que se cambien conciencias o decisiones. No va a obligar a que las mujeres aborten, de igual manera que el que no se apruebe detendrá los embarazos. Una mujer decidida a abortar lo hará con o sin leyes, igual que una mujer que no lo desea no lo hará aún con leyes y permisos legales. La única diferencia es que aquellas que desean abortar lo podrán hacer en mejores condiciones médicas, sanitarias y legales.

Todas las implicaciones morales, legales, éticas, económicas y sociales que traen consigo la decisión de abortar pueden evitarse, la prevención de un embarazo no deseado en la mejor forma de combatir los abortos. La iglesia católica promueve evitar los embarazos no deseados con la abstinencia, el sector salud mediante el uso de anticonceptivos y el ciudadano católico o no puede elegir cualquier alternativa para evitar concepciones no planificadas.

Para cualquier persona es más fácil y barato buscar asistencia para la prevención de embarazos, que buscar ayuda para la asistencia de aborto. Es inconcebible que en estos tiempos, con la infinidad de avances, con la facilidad en la obtención de información, con las campañas, métodos y productos haya embarazos no deseados. Estos “accidentes” son un insulto a la inteligencia, un monumento a la ignorancia y un enorme signo de irresponsabilidad.

PUNTO FINAL.
A dos días de haber presentado la iniciativa para la despenalización del aborto el Presidente Calderón hizo un llamado a los asambleístas del Distrito Federal para que y no “avasallarán” en la votación de la reforma a quienes no están de acuerdo con la despenalización.

En lo particular creo que esa declaración ha sido el peor desliz del Presidente y lo hizo aparecer como un hombre de doble discurso o pésima memoria. A lo que el llamó avasallar no es otra cosa que mayoría o si gusta mayoriteo, practica fundamental de la democracia. Siguiendo la lógica del Presidente ¿entonces él y su partido han avasallado en la Cámara de Diputados y de Senadores, han avasallado en cada una de las iniciativas que le han aprobado en el congreso, avasalló a López Obrador?. No, simplemente ganaron por mayoría, repito fundamento de la democracia. Además el Presidente no debe imponer sus creencias personales a la investidura que tiene por y ante todos los mexicanos.

PABLO TORRES CORPUS.
torrescorpus@hotmail.com www.jerezanos.net

(artículo publicado en semanario "El Alacrán" el domingo ocho de abril de 2007, Jerez, Zacatecas, México)